Hacia una Ley Inquilinaria en tiempos de Covid-19

Este martes organizaciones sociales, civiles y activistas presentaron una sugerencia de iniciativa a las reformas al Código Civil de la Ciudad de México para garantizar el Derecho a la Vivienda frente a la pandemia de Covid-19 a las Diputadas Martha Avila, Valentina Batres y al Diputado José Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario del partido de Movimiento de Regeneración Nacional del Congreso de la Ciudad de México.

Las organizaciones conformadas por 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, la Coalición Internacional para Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL), Movimiento Urbano Popular y la Red de desalojados de la Ciudad de México, así como los activistas en derecho a la vivienda Carlos Escoffié y Miguel Aguas, plantearon que la legislación civil en materia de arriendo en la Ciudad de México no se adecúa a los estándares internacionales en materia de derecho a una vivienda adecuada, pues no se dan las garantías judiciales debidas a las personas que arriendan.

La propuesta tiene el objetivo de equilibrar la relación entre arrendatarios y arrendaderos sin prejuzgar sobre a quién debe dársele la razón en caso de surgir conflictos concretos ni poner entre dicho los derechos de los propietarios.

Se acrecienta el problema con la pandemia Covid-19

La crisis que ha resultado de la pandemia de Covid-19 ha acrecentado el problema de no contar con una vivienda adecuada. La desaceleración en la actividad económica ha permeado a grupos desfavorecidos que viven al día y no cuentan con los ingresos suficientes para garantizar el pago de su vivienda.

De acuerdo con la CEPAL la economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes, lo que generará la pérdida de ingresos laborales y a su vez traerá como consecuencia situación de pobreza para muchos trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) indica que habrá un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones de personas y 24,7 millones de personas, con una base de 188 millones de personas desocupadas en 2019.

Es por eso que países como Argentina  han emitido a nivel nacional, medidas de emergencia en materia de derecho a una vivienda adecuada, con el fin de evitar los desalojos por falta de pago, así como la reciente aprobación de ley 27551 en materia de arrendamiento.  

Derecho a la Vivienda

El Derecho a la Vivienda, fundamentado en la Constitución Federal y en la Constitución Política de la Ciudad de México, debe ser garantizado por el gobierno de la ciudad.

Aquí se dice que las autoridades deben tomar medias para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil, así como el impulso de planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.

La reforma propuesta al Código Civil del Distrito Federal resulta necesaria para atender la emergencia sanitaria actual, tanto para renegociar el pago de alquileres, reconocer derechos de las personas inquilinas, prever posibles desplazamientos y desalojos en tiempos de crisis, como para instaurar mecanismos que eviten conflictos entre las personas que contraten un arrendamiento.

Esto garantizará el derecho a una vivienda adecuada a miles de personas en la Ciudad de México y, convendrá tanto arrendadoras como arrendatarias pues podrán convenir la asequibilidad, gastos soportables y, a su vez,  brindará y asegurará la tenencia de vivienda.

El Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional anunció que la iniciativa sería presentada formalmente el día miércoles 8 de julio para el inicio de su trámite legislativo.

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